Tendencias y escenarios dinámicos, visiones de modelos de negocios diferenciados, nuevos comportamientos de los agentes… Reconsideremos la propuesta.

LAS 10 CONCLUSIONES DEL INFORME

1. El nuevo ciclo de expansión del sector de la Construcción, debe iniciarse con un horizonte diferente, más tecnológico, siguiendo más las tendencias que marca la demanda y aprovechando las oportunidades de negocios del nuevo escenario digital y de las innovaciones disruptivas que se están produciendo.
2. El neoconsumidor marcará el modelo de negocio en el sector residencial, pero también en las necesidades de obra civil e infraestructura urbana, al intervenir cada vez más en el proceso político de toma de decisiones y compartir sus experiencias con espíritu crítico. Desarrolla pues, un proceso de empowerment creciente.
3. Sin duda el gran driver de expansión del sector seguirán siendo las Administraciones Públicas y deben hacerlo con diferentes proyectos. El primero de ellos es manteniendo las grandes obras de infraestructura pública relacionadas con la conducción de suministros como el agua, el gas y la electricidad, el mantenimiento de la red de alta velocidad que ha generado elevadas economías dinámicas en las grandes compañías de ingeniería civil y construcción; debe completar la red terrestre de transporte de mercancías en el corredor del mediterráneo y dedicar de manera permanente los recursos necesarios al mantenimiento de la infraestructura existente, que constituye uno de los principales factores de competitividad del país.
4. El Gobierno central, los Gobiernos regionales y los Ayuntamientos de ciudades de mediano y gran tamaño, deben estructurar un proyecto nacional de SMART Cities, que opte a los programas comunitarios europeos de financiación y provea de fondos para el desarrollo de algunos de los componentes del vector SMART de manera coordinada. Por la demanda social y la rentabilidad política, deberían centrarse inicialmente en el componente Green del vector: la reducción de la contaminación en la ciudad, la eficiencia energética y el ahorro de agua; y con posterioridad en programas de mejora de gestión del tráfico y de la gestión inteligente de los servicios públicos. Esta acción promovería inversión en infraestructura con mayor distribución geográfica que las grandes obras de ingeniería civil, e iría requiriendo del sector acciones que incorporen componentes tecnológicos a los procesos de construcción habitual.
5. El programa de rehabilitación debe mantenerse y potenciarse por las distintas Administraciones Públicas, articulándose, en la medida de las posibilidades presupuestarias, en subvenciones, desgravaciones fiscales, exención de tasas municipales y facilidad en los trámites y exigencias administrativas. Junto a los programas de rehabilitación dirigidos al ahorro energético de las viviendas, deben llevarse a cabo programas integrales en barrios depauperados, zonas industriales degradadas, infraestructuras turísticas envejecidas y edificios públicos que requieren inversiones en remozamiento y adecuación a las condiciones de habitabilidad y funcionalidad actuales.
6. En la construcción de viviendas, las Administraciones implicadas tienen que poner en marcha un plan de eficiencia en su propio funcionamiento, fijándose objetivos cuantificables ambiciosos. Períodos de tramitación del planeamiento urbanístico entre 24 y 36 meses, plazos para la obtención de licencia de 6 a 8 meses y la falta de flexibilidad en los planeamientos urbanísticos para adecuarse a la demanda, suponen un peso muerto para la dinámica de crecimiento que el sector de la Construcción va a iniciar. Es necesario un planteamiento más racional de su innegable tarea de control y planificación, pero los sistemas de información actuales permiten reducir notablemente estos plazos y deben establecerse programas que se comprometan a ello con indicadores claros de la consecución de objetivos.
7. La construcción de viviendas sencillas (Simple Building) por parte de las Administraciones Públicas o la adquisición con presupuestos públicos de viviendas a bajo precio, del stock de viviendas sin vender, para ofrecerlas en alquileres reducidos a jóvenes y personas con problemas económicos, gestionadas por gestores públicos o agencias privadas, puede ser una medida que contribuya a paliar situaciones que provocan casos extremos de desigualdad social. Los presupuestos públicos dedican habitualmente parte de sus recursos a infraestructuras y también puede hacerlo en viviendas para personas que necesitan un hogar para vivir y no pueden acceder a él. Es una cuestión de prioridades según las condiciones sociales en cada momento.
8. Debe diseñarse un programa de viviendas para personas mayores, que integren la permuta de sus viviendas actuales por viviendas de otras características más adecuadas a sus necesidades, reduzca la carga impositiva de la transmisión patrimonial y el pago del IVA de la nueva vivienda y cree un instrumento financiero de gestión de las cantidades compensatorias y, en su caso, genere en la operación contratos de hipotecas inversas que permitan a las personas jubiladas vivir en una vivienda más adecuada y disponer de una pensión complementaria. Este plan debería completarse mejorando las ayudas a la rehabilitación para aquellas personas que adquieran las viviendas de la personas mayores. El sistema financiero nacional tiene suficiente experiencia y conocimiento para poder llevar a cabo este programa que constituiría un importante driver de impulso al sector de la Construcción.
9. Promotores, agentes inmobiliarios y estudios de arquitectura, deben invertir en sistemas de información que integren sus modelos de negocios y permitan interactuar con el comprador. Deberían contar con desgravaciones fiscales para estas inversiones, así como para los recursos dedicados a la formación de sus trabajadores en estas tecnologías.
10. Las empresas constructoras y los fabricantes deben poder desgravar de los impuestos los fondos que dediquen a la formación de sus trabajadores y deben ser los agentes principales en la nueva formación y reciclaje de personas que están desempleadas en el sector. Estos agentes deberían poder integrarse en los planes de formación del Gobierno y tener acceso a los fondos existentes. El cambio tecnológico tan exponencial que estamos viviendo sólo permite dar una formación adecuada a las empresas que están utilizando la tecnología más disruptiva. El sector de la construcción está saliendo de la crisis, se enfrenta a grandes retos en un entorno que va a ser muy dinámico y sometido a cambios tecnológicos profundos. Si hasta ahora ha sido el soporte del crecimiento económico, con el cambio de visión adecuado, debería seguir siendo el sector que más valor y empleo genere al nuevo ciclo económico.

Fuente: construmat.com